En materia de protección de datos, resulta necesario valorar las consecuencias jurídicas derivadas del Brexit en Reino Unido. 

Con motivo de la ruptura y salida de Reino Unido de la Unión Europea, resultaría aplicable el artículo 50 del Tratado de Lisboa. En este caso, Reino Unido no será considerado país europeo, operando desde este momento las consecuencias a la hora de determinar el tratamiento de datos de empresas españolas en Reino Unido y su posible consideración de transferencia internacional de datos. Esta cuestión debe primar en el proceso de adaptación de las entidades españolas, en materia de protección de datos, para no incurrir en incumplimientos derivados del proceso de ruptura de Reino Unido con la Unión Europea. 

En este sentido, debemos mencionar que Reino Unido en la actualidad cuenta con normativa nacional adaptada a la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea. Por otro lado, el Reglamento Europeo de Protección de datos, resultó de aplicación el pasado 25 de mayo de 2018, siendo efectiva la salida de Reino Unido el 31 de enero de 2020.

Al respecto de este escenario, debemos aplicar lo dispuesto en el art. 3.2 del RGPD, el cual establece que: 

“El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con: a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago, o b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión”.

Tal y como deviene del precepto reseñado con anterioridad, Reino Unido deberá adaptarse a lo establecido en el RGPD en el tratamiento de datos de ciudadanos de la Unión Europea en el supuesto que desarrollen actividades de comercialización con países miembros o se dediquen al estudio de ciudadanos de la Unión Europea mediante elaboración de perfiles o análisis de preferencias. 

Por otro lado, deberá valorarse la necesidad de designación de representantes, por parte de responsables o encargados de la Unión Europea. 

En cuanto al concepto de las transferencias internacionales de datos, el Reino Unido no tendría que estar a la altura de los estándares fijados por la Unión Europea en materia de protección de datos, pero podría considerarse por parte de la Unión Europea, que no cumple o garantizar un nivel adecuado de seguridad en el tratamiento de datos.  

Por tanto, resulta claro que el Brexit tendrá como consecuencia la necesidad  de un nuevo marco legal entre Reino Unido y la Unión Europea, no resultando aplicable la libre circulación de datos garantizada en la Unión Europea. 

En el caso de empresas españolas que cuenten con filiales o efectúen tratamientos de datos en Reino Unido, las soluciones adoptadas por éste último, podría ser las siguientes: optar por seguir siendo miembro del Espacio Económico Europeo, para garantizar el nivel protección en seguridad; solicitar a la Unión Europea el reconocimiento de un nivel de protección adecuado para efectuar las transferencias internacionales datos, suscripción de acuerdos bilaterales entre los países miembros de la Unión Europea y Reino Unido; desarrollo de normas corporativas vinculantes para la legitimación de las transferencias internacionales de datos.  

Por todo lo anterior, el escenario en materia de protección de datos como consecuencia del Brexit resultará poco determinante, quedando a la espera de normas y jurisprudencia que otorgue claridad ante esta situación.

Publicado el 9 de Febrero de 2021
Por María González
Responsable del Departamento Jurídico

En relación a los sistemas de videovigilancia e imágenes captadas a través de los mismos, la normativa vigente en materia de protección de datos, establece una serie de requisitos para otorgar validez a las pruebas obtenidas mediante estos medios. 

En la práctica, resulta habitual implantar sistemas de videovigilancia, para el control y seguridad de instalaciones, así como para el control laboral, sin valorar las implicaciones normativas y la incidencia de estas medidas en derechos fundamentales como es la intimidad del trabajador.

En aras de lo anterior, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia previa, que declara nulo el despido de vigilante de seguridad, por conductas como «descalzarse, dedicarse a ver películas en un dispositivo móvil y dormirse durante el horario de servicio«. El motivo es que, para acreditar tales hechos, la empresa esgrimía unas imágenes de una cámara de grabación que se encontraba «oculta« en el lugar de trabajo del empleado. Como consecuencia, tales imágenes fueron obtenidas de forma «ilícita» y vulneraban el derecho a la intimidad del afectado. 

En su sentencia, emitida el pasado 1 de junio, el TSJA razona que «el momento en el cual se pone de manifiesto y se puede tomar conocimiento por parte del trabajador de la existencia de una prueba como ilícita, se produce cuando la empresa pone a la luz la existencia de la grabación, que era totalmente ignorada por la parte demandante, de forma que no se puede trasladar al trabajador la obligación de conocer un medio de prueba que era arcano por parte de la empresa demandada«.

«Lo que ha sucedido es el incumplimiento en la obtención de este medio de prueba de todas las garantías exigidas por la jurisprudencia (*), lo que ha provocado la declaración de ilicitud de la grabación con fines de videovigilancia y lo que causa la vulneración del derecho fundamental a la intimidad, de forma que no se ha producido ninguna variación sustancial de la demanda«, establece el TSJA, que desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma la sentencia inicial que anula el despido.

La sentencia relata que la instalación del sistema de videovigilancia por parte de la compañía se había realizado en una fecha indeterminada, ocultando la ubicación de la misma y sin informar de la existencia de este sistema al trabajador, por tanto, incumpliendo las exigencias que establece el art. 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. Este precepto relativo al derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, establece como limites a los sistemas implantados:

• Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
• La no admisión de instalación de sistemas de grabación de sonidos y de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como, aseos, vestuarios, comedores y análogos. 
• Estos sistemas deberán respetar el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en la normativa vigente. 

Con anterioridad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 9 de enero de 2018, llegó a sostener “La Corte observa que la videovigilancia encubierta de un empleado en su lugar de trabajo debe considerarse, como tal, una intrusión considerable en su vida privada. Implica una documentación grabada y reproducible de la conducta de una persona en su lugar de trabajo, que él o ella, que está obligado por el contrato de trabajo para realizar el trabajo en ese lugar, no puede evadir.”

Desde esta interpretación adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al estado español, los tribunales del Orden Social han tomado nota en este sentido y consideran la prueba ilícita cuando no se cumplen los parámetros que garantizan los derechos de los trabajadores.

Publicado el 18 de Enero de 2021
Por María González
Responsable del Departamento Jurídico